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Pasamayo: a dos años de la tragedia, empresa no ha pagado un sol en reparaciones
En febrero del año pasado, el Poder Judicial ordenó que Levisa, como empresa tercera civil responsable, pague de forma solidaria reparaciones civiles de 20 mil y 200 mil soles. No obstante, los sobrevivientes y los deudos del fatal accidente aún no reciben los montos.

Los padres de Indira Díaz Pasache pasaron tres días al pie del abismo en la Curva del Diablo esperando hallar a su hija. La joven de 22 años era una de las pasajeras del bus que se desbarrancó en Pasamayo el 2 de enero de 2018. A 72 horas del accidente, los bomberos habían rescatado 50 cuerpos, pero el de ella no aparecía. “Dentro de todo el dolor, solo quiero llevarme a mi hija y enterrarla”, pedía su padre ante las cámaras de los medios que cubrían la tragedia. La intervención de un helicóptero de la PNP permitió encontrarla atrapada en la pendiente junto a una turista sueca que había venido al Perú a celebrar Año Nuevo.

Con el hallazgo de ambos cuerpos se cerraron las labores de rescate y empezó el largo camino de los familiares de las víctimas para encontrar justicia. Hoy, solo una persona cumple prisión por lo ocurrido y la empresa dueña del tráiler que provocó la caída del bus no ha desembolsado un sol en reparaciones civiles.

La caída del bus interprovincial de la empresa San Martín ocurrió debido a que el tráiler manejado por Christian Quillahuaman Cusihuaman, cuya propietaria era la empresa TJ Corporation Levisa, invadió el carril contrario y empujó el vehículo al precipicio.

En febrero del año pasado, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral lo sentenció a ocho años de prisión y ordenó que Levisa, como tercera civil responsable, pague de forma solidaria reparaciones civiles de 20 mil y 200 mil soles para los sobrevivientes y los deudos del fatal accidente.

El fallo fue confirmado en segunda instancia, pero la empresa ha interpuesto un recurso de casación para buscar que el fallo se declare nulo, informó a El Comercio Ángel Pongo, abogado de los deudos de Tatiana Velazco Portocarrero, una de las 52 víctimas.

“Levisa y el chofer presentaron la casación ante la Corte Suprema, pero esta todavía está evaluando si el caso reúne los requisitos para que sea admitida. Si no da lugar, el fallo queda ahí. Mientras tanto, han pasado dos años y no han dado ni un solo sol a los familiares y a los heridos”, dijo.

Lo preocupante, agrega el letrado, es que Levisa insiste en deshacerse de su patrimonio.

Tal como informó este Diario en mayo del 2018, la empresa transfirió 43 de sus bienes en los meses que siguieron a la tragedia. Si al 22 de enero del ese año Levisa contaba con 47 vehículos a su nombre, tres meses después solo tenía 5. La sentencia de febrero pasado declaró nulas dichas transferencias; no obstante, las apelaciones han evitado que el fallo se ejecute, dice Pongo.

“El año pasado, a los pocos días de la sentencia, una de las dos propiedades de Levisa fue hipotecada. Hay un evidente plan de desprenderse de sus activos con la finalidad no pagar las reparaciones”, enfatizó.

–Responsabilidades compartidas–
El 2 de enero de 2018, un bus interprovincial de la empresa San Martín se cayó al precipicio en el km 48 de la carretera Panamericana Norte (Huaral), en la zona de Pasamayo. El vehículo había sido impactado por un tráiler, lo que provocó su caída por un acantilado de más de 110 metros.

La neblina y la zona de difícil acceso dificultaron estos trabajos de rescate realizados por la policía y los bomberos. Solo seis pasajeros sobrevivieron con graves heridas.

Un informe policial concluyó que la responsabilidad mayor del accidente recae en el conductor Christian Quillahuaman Cusihuaman, por haber invadido parcialmente el carril contrario por donde se desplazaba el bus de la empresa San Martín

Un año antes, el chofer había provocado otro accidente en Tarapoto, donde arrolló y mató a un motociclista. A pesar de eso, Levisa lo contrató el 1 de diciembre del 2017 por un período de cinco meses y seguía vinculado a ellos en enero de 2018.

Antes de que la empresa fuera incluida en el proceso, Levisa se deshizo de 43 de sus bienes muebles e inmuebles. Algunos fueron transferidos a Miriam Octavia Medrano Romero, quien figuraba como beneficiaria de un programa asistencial del Estado. En mayo de 2018, ella recibió dinero de Bono 500, un fondo para damnificados de El Niño costero. Según el Ministerio de Vivienda, su casa quedó “inhabitable”. Sin embargo, ha sido capaz de ‘desembolsar’ –por lo menos en papeles– más de S/193 mil, con pagos al contado de 5 mil y 3 mil soles.

La empresa San Martín de Porres S.A, propietaria del bus interprovincial, también fue sancionada administrativamente. La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi (SPC) confirmó, en última instancia administrativa, la multa de 450 UIT, equivalente a S/ 1′890.000, por infringir el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La multa fue debido a que la empresa “expuso a riesgo injustificado a los pasajeros que viajaban en el bus de placa B0K-954, pues el chofer excedió la jornada máxima de manejo acumulada de 12 horas, en un periodo de 24 horas”.

Carretera sin seguridad
Si bien la responsabilidad principal del accidente fue del chofer del tráiler, el estado de la vía también influyó en la tragedia.

Un informe de El Comercio, del 6 de enero de 2018, reveló que el contrato firmado entre el Ministerio de Transportes (MTC) y Norvial S.A. para dar en concesión el tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la carretera Panamericana Norte no contemplaba ninguna cláusula específica en materia de seguridad vial que detalle la instalación de guardavías o barreras reflectoras que impidan que los vehículos se desbarranquen.

En las 127 páginas del contrato suscrito en el 2003 se menciona, como obligaciones de la concesionaria, construir, reforzar y mantener la autopista, intercambios viales y puentes, pero no se consideran elementos de seguridad vial pese a que el serpentín de Pasamayo es una zona de alto riesgo. En este tramo se han reportado 26 accidentes y más de 160 fallecidos desde 1990.

Este Diario comprobó que a lo largo de los 31 kilómetros de Pasamayo hay 83 curvas peligrosas, consideradas así por su sinuosidad, por la escasa visibilidad que hay hacia el otro sentido de la vía y, sobre todo, porque el abismo está a un paso. De estas, al menos 25 curvas (lo que equivale al 30%) no tenían ningún tipo de protección. En 47 curvas sí había guardavías, pero no a lo largo de todo el giro, mientras que otros puntos contaban con costales de arena.

La falta de esta especificación sobre seguridad se repetía en otros 15 contratos de concesión de carreteras en el país.

Dos años de restricción
El 31 de diciembre pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió por un año más la restricción de circulación de buses que brindan el servicio de transporte de personas por todo el tramo del denominado serpentín de Pasamayo. Es la segunda ampliación desde el 3 de enero de 2018, un día después del accidente.

La Resolución Directoral N° 021-2019-MTC/19 señala que la medida prohíbe el acceso las 24 horas del día desde el mes de ener

o a diciembre del 2020, en el tramo PE-1NA, que se inicia a la altura del km 44 de la Carretera Panamericana Norte en el sentido de Sur a Norte; y en el km 75 de la misma, en el sentido de Norte a Sur.

La norma establece que los vehículos restringidos de las categorías M2 y M3, destinados al servicio de transporte de personas, ahora tendrán que desplazarse por la Variante de Pasamayo.

Diario
El Comercio.